El debate de la financiación autonómica es crucial. Importantísimo como herramienta política para utilizar por el Gobierno de Aragón en Madrid para que no salgamos nuevamente perjudicados o más dañados y agraviados que en ocasiones anteriores en el reparto de la tarta autonómica. En las Cortes de Aragón todos los Grupos políticos estamos trabajando con ahínco desde la Ponencia de Financiación Autonómica para traer a esta Cámara un dictamen que refuerce la posición de Aragón reclamando lo que es justo para esta Comunidad. Esa es la clave. Salir mejor parados. Ni igual ni peor.
Las Comunidades Autónomas gestionan una cartera de derechos y servicios que incluye la sanidad universal, la educación pública, una ley de dependencia ambiciosa, unos servicios sociales que abordar,….. Son las autonomías las que realizan la mayor parte de las políticas que garantizan ese estado social, salvo las pensiones y las ayudas al desempleo, por lo que de la nueva financiación autonómica dependen la calidad asistencial de la sanidad, los servicios sociales o la educación en Aragón.
Aragón necesita avanzar. Porque empeorar significaría un fracaso de los partidos que pacten el nuevo modelo y un mazazo económico para los aragoneses que verían minorado el estado del bienestar, que no solo debe ser intocable sino mejorado.
Y claro, observando el reparto de competencias entre los niveles de Gobierno en España y las Comunidades Autónomas vemos cómo la distribución de ingresos para gestionar sus competencias es menor en las últimas que en los Ministerios. Y por cierto, estas administraciones no han realizado ajustes ni recortes en la época de la gran crisis y, sin embargo, sí los han hecho los ayuntamientos, las comarcas y las CCAA.
Es evidente que la solución a los problemas de insuficiencia de las CCAA de régimen común pasa por un mayor trasvase de recaudación del nivel central al autonómico, y por mejorar el sistema general a través de un convenio económico que compense las situaciones desniveladas que hay en Aragón como se plasma en nuestro Estatuto.
Resulta indispensable que en el escenario de la negociación haya más recursos para que ninguna Autonomía se sienta agraviada con el nuevo modelo que se pretende aprobar.
Debería imperar la solidaridad interterritorial de una vez por todas. Pero eso también hay que explicarlo poniéndolo encima de la mesa en la negociación. El Gobierno de Aragón debería ser capaz de hacerlo, y el Estado comprometerse con nuevos fondos para garantizar a las Comunidades el sistema de financiación para poder sufragar la sanidad, la educación, las prestaciones sociales y la dependencia que en territorios como Aragón nos cuestan mucho más caras debido al envejecimiento, la baja densidad de población y la dispersión territorial que nos caracteriza.
La pura y dura realidad es que en todo esto, de vital importancia para el día a día del futuro de cada uno de nosotros, existen dos actores fundamentales; dos partidos nacionales y mayoritarios como el Popular y el Socialista irremediablemente condenados a entenderse. Me preocupa que desde los sucesivos Gobiernos liderados alternativamente por ambas formaciones no hayan conseguido una financiación justa para Aragón.
Los partidos que conformamos el arco parlamentario aragonés tenemos la obligación de presionar al Ejecutivo autonómico -el Partido Aragonés ya lo está haciendo- para que se haga justicia con Aragón reconociendo sus peculiaridades y consiga una financiación justa para todos los aragoneses.