El asunto de la financiación autonómica es vital para el buen desarrollo de Aragón. Para su día a día. Para su futuro. No hay autonomía sin economía, por eso nuestro interés en la defensa de las máximas aspiraciones aragonesas de autogobierno y de suficiencia financiera, y la importancia que damos a su salvaguarda desde el Gobierno de Aragón de cara al siguiente quinquenio.
El sistema general de financiación autonómica discrimina a Aragón, y siempre nos ha discriminado. Es necesario introducir nuevos criterios correctores de reparto a partir del factor territorial, además del poblacional. Cuantos más recursos tengamos mejor atendidos estarán los aragoneses y mejor calidad de vida les podremos ofrecer.
Necesitamos un modelo que garantice la suficiencia financiera para seguir prestando los servicios esenciales como la sanidad y la educación con iguales garantías y calidad que en el resto de las autonomías. Sin embargo, Aragón siempre ha partido de una injusta situación que no acaba de ser corregida, que nos perjudica seriamente. Y lo hemos denunciado siempre. Y hemos presentado iniciativas en todos los niveles en los que hemos estado representados. Sin, embargo los pesos de los grandes partidos en las Cortes Generales y las obediencias a los territorios más poblados y con mayor bolsa de votos han cercenado el derecho de Aragón a una financiación equitativa lejos de partidismos. Cuando a través de las reformas Aragón recibía 40 millones, otras CCAA recibían 400.
Hay que detenerse en la deuda histórica porque el proceso de descentralización del gasto, con una mayor asunción de competencias por las Comunidades, no se correspondió con la autonomía financiera. El desarrollo del artículo 108 del Estatuto podría facilitar a Aragón los recursos necesarios para compensar dicha deuda del Estado con Aragón.
Únicamente estaremos de acuerdo con un sistema de equilibrio y justicia social y territorial. No aceptaremos una financiación pensada en términos electorales. Queremos los mismos servicios y de la misma calidad se viva donde se viva.
Las propias singularidades de Aragón, la extensión de nuestro territorio, la despoblación, la dispersión geográfica y el envejecimiento son peculiaridades esenciales que no se toman en cuenta por intereses que se alejan de los generales. No cuesta lo mismo una escuela pública en Getafe que en Cantavieja ni el gasto sanitario es igual en una población joven que en otra envejecida como la aragonesa.
No desechamos un modelo propio a través del desarrollo del acuerdo bilateral plasmado en el artículo 108 del Estatuto – la interpretación jurídica es que somos «especiales» dentro del régimen común- sin renunciar a los derechos históricos, incluyendo la posibilidad de un posible concierto económico que se asemeje más al del País Vasco o Navarra.
Ante un cambio de modelo sólo asumiremos aquellas modificaciones que permitan a Aragón recibir un mejor trato financiero. Nunca una reforma perjudicial que perpetúe los agravios que históricamente sufrimos. El progreso social y el crecimiento económico van de la mano de una financiación suficiente con la que no contamos. Por eso es indispensable abordarlo a través de un convenio bilateral que ponga en valor criterios de justicia social y equilibrio territorial, y que otorgue absoluto respeto al vigente Estatuto de Autonomía y a los principios generales que recoge la Carta Magna.