El PAR defiende con rotundidad un trato ecuánime y justo hacia todas las comunidades autónomas, en aspectos decisivos como la fijación del déficit máximo de los presupuestos públicos de los gobiernos autonómicos y como el sistema de financiación para esos presupuestos. En este sentido, el Partido Aragonés reclama que se valore el esfuerzo de comunidades que, como Aragón, han ejercido su autogobierno con responsabilidad y rigor, cumpliendo con los compromisos de déficit. Demandamos así mismo una financiación autonómica que, por mandato de nuestro Estatuto (Ley orgánica que forma parte del bloque constitucional), en Aragón debe determinarse teniendo en cuenta nuestras características especiales (esfuerzo fiscal, estructura territorial y poblacional) por un Acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado.
En estos asuntos, no estamos hablando de magnitudes abstractas o de macroeconomía. El cumplimiento del déficit se ha traducido en la necesidad de aquilatar los presupuestos de Aragón con criterios estrictos y esta obligación se corresponde en buena medida con nuestros niveles de gasto público, es decir con servicios e inversiones que interesan directamente a la sociedad, a los aragoneses. Junto a ello, sin una financiación suficiente no hay Autonomía y ni posibilidad de mejorar las herramientas para plantar cara a la crisis, crear empleo y garantizar los servicios básicos.
Aragón siempre ha sido solidario con el conjunto de España y respetuoso hacia el marco de convivencia que facilita la Constitución. No cabe otorgar ventajas a quien amaga con la insolidaridad o la falta de respeto, sino que debe articularse por consenso mecanismos políticos y económicos para todos que contribuyan a resolver los problemas y, en especial, las prioridades que exige la situación: salir de la recesión, generar puestos de trabajo, atender a las personas y familias que más lo necesitan, defender el bienestar esencial y común.
Vamos a perseverar, con tozudez incluso, en el aragonesismo firme y sensato que incluye tanto la negativa a una posible desigualdad subjetiva de trato entre comunidades, como la reivindicación para Aragón de nuestros derechos, de cuanto merecemos, necesitamos y es de Ley.