La flexibilización de los objetivos de déficit máximo para las administraciones públicas, que el Gobierno central ha remitido a la Unión Europea para su aprobación, otorga aún mayor importancia a la defensa de un trato ecuánime y justo hacia todas las comunidades autónomas en esta materia. Esos nuevos objetivos y límites incrementados equivalen a la posibilidad de disponer de más recursos en los presupuestos y por tanto, es exigible que, de alguna forma, se reconozca y no se perjudique a las comunidades que, en estos años, han cumplido con las obligaciones fijadas, gracias al esfuerzo de todos. Es el caso de Aragón.
Aragón no puede ser tratado peor que quienes han incumplido, estableciendo subjetivamente y sin acuerdo el denominado ‘déficit diferenciado’ o ‘asimétrico’ en función de unos u otros territorios. Abrir esa senda entrañaría serios riesgos. Debe haber otros mecanismos.
Aragón ha ejercido permanentemente su solidaridad y capacidad de fomentar la convivencia. El orgullo aragonés, reafirmado el reciente 23 de abril, nunca se ha dirigido contra nadie. Con ese mismo sentido y sentimiento, reclamamos que los esfuerzos tienen que ser iguales para alcanzar todos, el horizonte prioritario que pretendemos: superar la crisis que afecta gravemente a tantos aragoneses y españoles y al conjunto de la sociedad.