Por Arturo Aliaga. Presidente del Partido Aragonés
El objetivo fundamental de la política es y debería ser la obligación de servicio público desde cualquiera que sea el color político de un partido en la escena pública. La Cámara Baja de las Cortes Generales, órgano constitucional que representa al pueblo español, ha debatido la situación actual del sistema de las pensiones en un pleno monográfico lo que nos da idea de la importancia de un asunto que nos concierne a todos por ser intergeneracional, y que se ha convertido en un importante dolor de cabeza para el Gobierno de Rajoy, que condiciona la subida a que haya Presupuestos, y para los gobiernos sucesivos en estas especiales circunstancias.
A la dificultad que entraña la búsqueda acertada de soluciones con posibilidades reales de aplicación y de eficacia, se suma el afán partidista de algunas fuerzas representadas en el Congreso, que utilizan este asunto de importancia capital para sacar rédito político desde el populismo, la confrontación y la división en vez de sumar y acordar medidas reales que contribuyan al acuerdo. El atrevimiento demagógico y más que nunca en este caso, es inaceptable.
No podemos renegar de la seriedad, el rigor y la voluntad de negociación en un asunto de complicadas soluciones. El populismo fácil, muy implantado, corrompe el verdadero espíritu de la alta política, de la política con mayúsculas. Es imprescindible un Pacto de Estado por las pensiones.
El avance y desarrollo de una autonomía o de un país depende no solo de sus gobernantes sino de quienes ejercen la oposición. Y en temas de alto calado y trascendencia social, que incidan en el bienestar de buena parte de la población, debería haber voluntad de negociación para lograr las mejores respuestas en beneficio de todos. No es entendible la incapacidad que existe para llegar a acuerdos en el Pacto de Toledo. Por ejemplo.
El debate sobre cómo garantizar el sistema de pensiones es indispensable abordarlo desde la generosidad y el sentido común. Según la OCDE España tendrá para 2050 una de las tasas de dependencia más altas del mundo dato que enciende todas las alarmas, dado que la sostenibilidad necesaria se ve afectada por factores estructurales como el alto desempleo, el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida.
En 2050 habrá 76 jubilados de cada 100 en edad de trabajar.
En la última década el gasto se ha disparado un 56%, que supone un incremento de gasto de 30.000 millones de euros, según los datos de la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social, mientras que los ingresos han crecido un 7,5%.
Los ingresos por cotizaciones distan mucho de la cantidad que sería necesaria para costear las pensiones y la Seguridad Social comienza a acumular deuda. Según datos publicados por diferentes medios de comunicación, aunque no haya agotado el fondo está financiando gran parte del déficit con préstamos del Tesoro lo que llevará a cuantificar ese crédito en 15.000 millones en 2018.
Es absolutamente necesario reflexionar, acordar y plantear soluciones con la máxima urgencia posible. Queda claro que las expectativas nos llevan al aumento de pensionistas de creciente longevidad mientras que el bajo índice de nacimientos es una realidad. Y todo implica un mayor gasto en pensiones y el empeoramiento de la financiación de la Seguridad Social.
Las propuestas y su ejecución ya corren prisa. Algunos hablan de reducir el gasto público, otros de la ampliación de los ingresos del Estado con más impuestos. Y otros de la simbiosis entre ambas.
Defiendo aquellas políticas activas que reviertan en la creación de empleo y el desarrollo de la protección social, nunca su merma. Y la tijera ni tocar Educación, ni investigación, ni sanidad, ni servicios sociales.
Las pensiones deben abordarse con seriedad, prescindiendo de cortoplacismos, y en el diseño de un sistema sostenible en el tiempo no pueden faltar los agentes económicos y sociales en el debate y en la mesa de negociación.