Madrid, 21 de diciembre de 2021.- El senador del PAR Clemente Sánchez-Garnica ha denunciado hoy en la Cámara Alta las numerosas lagunas de la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que el pleno del Senado ha aprobado por 144 votos a favor, 5 en contra (entre ellos el del senador aragonés) y 114 abstenciones.
Sánchez-Garnica, que es abogado experto en derecho administrativo y que ha sido el primer parlamentario en sacar a la luz el tema de la temporalidad en el empleo público, y en concreto el problema de los empleados públicos en fraude de ley, ha justificado su postura por varias razones. “Porque esta norma no piensa en las personas de las que se ha abusado y deja mucha gente atrás, porque no sanciona el abuso y vulnera la Directiva 1999/70 CE sobre trabajo temporal, y porque crea más incertidumbres que certezas que, a buen seguro, auguran una judicialización masiva del problema”.
Además, el senador del PAR ha criticado duramente la práctica habitual en los últimos tiempos en la Cámara Alta de no admitir enmiendas prácticamente a ninguna ley, incluida ésta. “A lo mejor tendríamos que plantearnos que esta Cámara no debe asumir la función de segunda lectura. ¿Para qué servimos?”, se ha preguntado.
El senador ha manifestado este reproche después de que ninguna de las 17 enmiendas presentadas por el PAR haya sido aprobada por el pleno. Enmiendas que tenían como finalidad transponer la Directiva europea sobre trabajo temporal, sancionar el abuso, establecer indemnizaciones disuasorias, fijar el abuso en tres años y, sobre todo, impedir la pérdida de miles de puestos de trabajo ocupados por empleados públicos temporales.
Para ello proponía, entre otras medidas, el carácter restringido de los concursos de méritos previstos por la ley para las plazas ocupadas por interinos desde el 1 de enero de 2016, así como “paralizar todas las OPES y las convocatorias de empleo público y extraer de ellas las plazas ocupadas por los trabajadores en abuso de temporalidad” hasta la entrada en vigencia de la ley.
Y es que, en opinión del senador aragonés, lejos de “pensar en las personas de las que se ha abusado, verdaderas víctimas del sistema, la finalidad de la norma no ha sido la de dar solución al problema del abuso de temporalidad, sino la de tratar de justificar en Europa una solución en el marco del llamado Plan de Recuperación y Resiliencia para dar soluciones a las administraciones infractoras y justificar medidas que permitan recibir los fondos europeos”.
A este respecto ha añadido que la redacción de la norma no resulta ni lógica, ni justa. “No es lógica porque lo que dicta son medidas para solucionar los problemas de quienes los han creado, y no es justa porque esas medidas no se adoptan para evitar la precariedad laboral de las personas que ocupan las plazas y se deja su destino en manos de las distintas administraciones, más preocupadas por presentar porcentajes de reducción de temporalidad cercanos al 8% que por estabilizar a dignos servidores públicos que durante años han demostrado su capacidad en la prestación de servicios esenciales”.
Por último, ha querido destacar la diferencia de trato entre los trabajadores públicos y los privados que ejercen funciones de forma temporal, ya que la Directiva 1999/70 CE sobre trabajo temporal sí se aplica en el segundo caso, pero no en el primero, cuando, a este respecto, “Europa no distingue entre un tipo y otro de trabajadores”.