Desde la aprobación de la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón, se nos ha situado como una de las Comunidades Autónomas con “mayor presión fiscal de España”. Sin embargo, otras Comunidades Autónomas que también ocupaban las posiciones más altas en materia fiscal, han decidido rebajarla introduciendo modificaciones y bonificaciones fiscales, que han permitido aliviar la carga fiscal de sus conciudadanos, lo que ha provocado que Aragón escale posiciones más altas en el ranking de autonomías con mayor carga en materia impositiva.
No es de recibo, ahora, anunciar la aplicación de la reforma del impuesto de sucesiones para el 2019 «año electoral”. Nos hubiera gustado que Lambán explicara qué rebaja va a hacer y el alcance de la reforma. Pero lo ha evitado. Todo hace pensar en que es un anuncio electoral sin concreciones y de dudoso alcance. El presidente del Gobierno de Aragón ha perdido «tres oportunidades» en otras tantas leyes de Presupuestos de la Comunidad, respecto a una cuestión en la que hemos insistido en 2016, 2017 y en 2018. Si durante tres años de la legislatura ha mirado hacia otro lado sin importarle el bolsillo de los aragoneses, ¿Es creíble su promesa después de estar aprobados los Presupuestos de este año?
Ojalá yo pueda aplaudir y dar la bienvenida a la rebaja del impuesto. Pero entiendo que si hubiera voluntad política lo suyo debería ser, como he solicitado, realizar las modificaciones antes del verano (2018) -ya que no se puede recuperar los años perdidos- para beneficiar cuanto antes al conjunto de los aragoneses que ya han tenido que soportar bastantes agravios comparativos con otros territorios.
Fuera partidismos, oportunismos y demás demagogia política que solo conduce a perpetuar los problemas por un puñado de votos, es necesaria otra manera de hacer política. Desde la generosidad, el diálogo, el consenso y las propuestas constructivas.
Nosotros hemos defendido en numerosas ocasiones y a través de acuerdos de la Ejecutiva de mi partido que el impuesto de Sucesiones debe desaparecer de la gran carga tributaria que soportan los aragoneses y hemos participado en la recogida de firmas para pedir la supresión de este impuesto en la Comunidad. Lo llevamos en nuestro ADN. También hemos trabajado para eliminar el impuesto cuando gobernábamos en coalición tanto con el PSOE como con el PP y, aunque la crisis frenó el crecimiento económico y financiero, logramos que se aplicaran exenciones y bonificaciones de hasta el 65 por ciento.
Es un impuesto injusto y durante esta legislatura y desde el lugar que nos corresponde, con la fuerza que tenemos desde la oposición, hemos presentando iniciativas en el Parlamento instando al Ejecutivo autonómico PSOE-CHA de Lambán a presentar en las Cortes una estrategia de rebaja fiscal para equipararnos a las Comunidades autónomas que no lo aplican.
El aumento de los ingresos para costear los servicios públicos debe llegar de la mano de la mejora de la economía y no a costa de presionar fiscalmente a la ciudadanía y frenar el crecimiento económico. La carga de este tributo recae fundamentalmente sobre las clases medias, sobre la inmensa mayoría de familias aragonesas.
Con todo ahora y a estas alturas al consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, se le ocurre decir que el impuesto de Sucesiones debería estar «armonizado» en todo el Estado, y que habrá que «ceder todos algo para buscar un acuerdo” mientras se soluciona la situación.