La reclamación por parte de ERC de un referéndum para el año 2030 sobre la independencia es una aspiración que no podía ser apoyada por ningún gobierno de España ni por este, sea cual fuera el color político. La tragonía independentista y la posibilidad de concesiones de Sánchez suponían un riesgo enorme que nos preocupaba cuando calificaban la mesa de diálogo como un instrumento capaz de avanzar para mejorar el funcionamiento del Estado. Teniendo en cuenta que su concertación ha sido paradójica las consecuencias políticas que podía traer con más o menos acuerdos estaban servidas.
Son legítimas las estrategias políticas siempre que respeten las normas democráticas. Pero la mesa de diálogo no tenía sentido ni recorrido alguno ya que la decisión de separar Cataluña del resto del Estado contraviene la democracia que nos hemos dado y la Constitución de 1978.
Abordar el conflicto catalán mediante una bilateral pactada de esta manera es un error, aunque los actores estén cómodos ofreciendo una imagen de cierta normalidad y diálogo, que es la que querían proyectar, y de paso, favorecer sus propios intereses.
El modelo territorial en vivo conflicto de una parte de España no debe debatirse y cambiarse en un marco como el acontecido, por razones obvias y expuestas. El diálogo siempre es bueno y necesario en política; nos hace más sabios, respetuosos y comprometidos con los intereses generales sin olvidar los nuestros, pero cuando entre dos actores políticos, en este caso el Gobierno catalán y el de España, hay uno que rasga el marco constitucional… a pocos acuerdos se puede llegar. Dialogar sí, tener en cuenta las controvertidas exigencias catalanas y acordarlas no. Ni como “pago” político pendiente ni como nada.
De momento y con todo, la crisis provocada en la Generalitat de Cataluña es patente. Una brecha en el independentismo desde el momento en que Aragonès dejaba fuera de la mesa de diálogo a Junts per Catalunya vetando la presencia de Jordi Turull y Jordi Sánchez condenados por sedición e indultados del “procès independentista” que, hay que recordar, pervierte la democracia y atenta contra la convivencia pacífica y el cumplimiento de las leyes
Cualquier concesión a Cataluña fuera de la legalidad democrática es rechazable. He tenido claro desde el primer momento, una vez conocidas las intenciones de Pere Aragonès que ha insistido en la amnistía y en la autodeterminación y tras la primera respuesta de Sánchez al envite, que un resultado satisfactorio para ambas partes era imposible al depender de los distintos intereses políticos de la Generalitat y el Gobierno de España. Era inadmisible atender las peticiones de los independentistas y negociar privilegios en ese marco. Ni bien ni mal, ni blanco ni negro, ni mucho ni nada. Por ahora.
¿Para qué una reunión fuera del control parlamentario y sin intenciones de dar alas a las expectativas independentistas? Para mantener vivo el pacto entre Sánchez y ERC destinado a favorecer la investidura del primero, y ahora a salvar los presupuestos Generales del Estado. Y por parte de Aragonès para mantener vivo el contacto de cara a los suyos y ya veremos más adelante qué concesiones y de qué tipo saca. Por el momento la ampliación del Aeropuerto de El Prat aparcada.
¿Pero dónde estamos el resto? El objetivo de Sánchez de seguir en la Moncloa sería loable si por encima estuviera el de salvaguardar el bienestar e intereses de todos. Para empezar los de Aragón, cuyo Estatuto de Autonomía recoge la bilateralidad para tratar los asuntos que urgen a los aragoneses y que siguen sin estar resueltos como, por ejemplo, una reforma de la financiación autonómica que reconozca nuestras peculiaridades y sea justa con esta tierra. Esto sí que encaja en los cauces legales, democráticos y de justicia territorial.
Que la mesa del diálogo estaba condenada al fracaso si atendemos estrictamente a su objetivo de solucionar el conflicto político en Cataluña sí, pero no si atiende a otros propósitos. Que PSOE y ERC dialoguen es sano y democrático, pero espero que la receta del tiempo y la persistencia no sirva para aumentar las desigualdades y agravios entre CC.AA.
(Artículo publicado en Heraldo de Aragón, el 23-09-21)