EL Partido Aragonés ha presentado en las Cortes una PROPOSICIÓN DE LEY para poner en valor, proteger y dar solución y sosiego al sector de la nieve en Aragón, uno de los más dinámicos
y potentes de la economía aragonesa que genera un gran impacto económico. 15.000 empleos y hasta el 68% del PIB de la economía del territorio donde están implantadas las estaciones.

El Partido Aragonés ha puesto en marcha iniciativas concretas para resolver la grave situación que los recortes de las ayudas del IRPF, ahora gestionadas por el Gobierno de Aragón, están causando a Cruz Blanca y otras entidades sociales aragonesas. La diputada de Ciudadanía y Derechos Sociales, Elena Allué, plantea una enmienda a la Ley de Presupuestos para crear un nuevo fondo (1,5 millones de euros) que financie programas de estas entidades excluidos de las subvenciones, con el fin de darles continuidad. También ha solicitado la comparecencia de la consejera responsable para obtener compromisos. Cruz Blanca se ha visto obligada a cerrar su economato social esta misma semana e incluso el Justicia ha abierto un expediente de oficio en esta cuestión.

El Partido Aragonés, a través de su grupo en las Cortes, exigirá al Gobierno de Aragón que incremente, con partidas concretas, el apoyo económico a la actividad de la Fundación Cruz Blanca, sus casas familiares y programas en Aragón, tras el grave recorte de las subvenciones que ha sido confirmado en la resolución definitiva de las ayudas de la DGA a entidades sociales con cargo al IRPF. El comité oscense del PAR, junto con el presidente intercomarcal, Jesús Guerrero, y la diputada de Ciudadanía y Derechos Sociales, Elena Allué, han emprendido iniciativas ante la grave crisis que supone para Cruz Blanca y las 4.000 personas que atiende. “¿Este es el gobierno de la prioridad social?” se ha preguntado Allué. El presidente del PAR, Arturo Aliaga, se mantiene también en contacto con los responsables de la fundación en la Comunidad.

El grupo parlamentario del Partido Aragonés presenta para su debate y votación en el pleno de las Cortes de Aragón que se celebra este jueves y viernes, diversas iniciativas de alto interés para los aragoneses, en materias como la política de agua, el impuesto de sucesiones, incumplimientos de proyectos, política agraria, transporte interurbano y sistema de trabajo en la administración autonómica.

El diputado del Partido Aragonés en las Cortes de Aragón, Jesús Guerrero, interpelará al gobierno para conocer las acciones previstas ante los efectos para las empresas de la situación en Cataluña. Guerrero, además de pedir a los aragoneses que eviten cualquier boicot a las marcas catalanas que acaba perjudicando a las compañías aragonesas, ha reclamado un plan de acción concreto frente a las consecuencias en nuestra Comunidad de las dificultades de las empresas catalanas, proveedoras y clientes de la economía aragonesa, y ante su posible instalación en Aragón.
En este sentido, la diputada del PAR, Elena Allué, ha resaltado que la presión fiscal del gobierno PSOE-CHA perjudica a las sociedades aragonesas y también desincentiva esa potencial implantación desde Cataluña.

El PAR ha pedido en las Cortes de Aragón la comparecencia del Consejero de Vertebración, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, para que dé explicaciones al Pleno de cómo está actualmente la situación del sector del taxi.
El Partido Aragonés quiere que la DGA publique ¡YA! un Decreto Ley que regule de forma “específica” la actividad de las licencias de VTC, concedidas por la DGA.

El Partido Aragonés ha pedido a la DGA que se dirija al Gobierno de la Nación para que exija al Gobierno de Venezuela que cumpla el Convenio de Seguridad Social que existe entre ambos países, pague a los pensionistas venezolanos residentes en España las cantidades que les deben y se
establezcan mecanismos que aseguren la regularidad en el pago.
El PAR pide también al Gobierno de Aragón que asegure “ayudas mínimas y extraordinarias” para que mientras no se produzca el pago reclamado tengan aseguradas ayudas por parte del IASS.

La diputada del PAR en las Cortes de Aragón, portavoz de esta formación política en la Comisión de Hacienda, Elena Allué, ha impulsado una propuesta para que el Gobierno de Aragón PSOE-CHA adapte la normativa y se evite “la liquidación fiduciaria a cuenta del impuesto de sucesiones que ahora se impone a los herederos.
Elena Allué ha subrayado que la Fiducia es una institución tradicional en Aragón, que debe ser objeto de especial protección y benignidad fiscal, y ha advertido de que el PAR no parará hasta que los aragoneses se puedan «beneficiar» de la aplicación del Derecho Foral aragonés.

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