El Partido Aragonés ha puesto en marcha iniciativas concretas para resolver la grave situación que los recortes de las ayudas del IRPF, ahora gestionadas por el Gobierno de Aragón, están causando a Cruz Blanca y otras entidades sociales aragonesas. La diputada de Ciudadanía y Derechos Sociales, Elena Allué, plantea una enmienda a la Ley de Presupuestos para crear un nuevo fondo (1,5 millones de euros) que financie programas de estas entidades excluidos de las subvenciones, con el fin de darles continuidad. También ha solicitado la comparecencia de la consejera responsable para obtener compromisos. Cruz Blanca se ha visto obligada a cerrar su economato social esta misma semana e incluso el Justicia ha abierto un expediente de oficio en esta cuestión.

El Partido Aragonés, a través de su grupo en las Cortes, exigirá al Gobierno de Aragón que incremente, con partidas concretas, el apoyo económico a la actividad de la Fundación Cruz Blanca, sus casas familiares y programas en Aragón, tras el grave recorte de las subvenciones que ha sido confirmado en la resolución definitiva de las ayudas de la DGA a entidades sociales con cargo al IRPF. El comité oscense del PAR, junto con el presidente intercomarcal, Jesús Guerrero, y la diputada de Ciudadanía y Derechos Sociales, Elena Allué, han emprendido iniciativas ante la grave crisis que supone para Cruz Blanca y las 4.000 personas que atiende. “¿Este es el gobierno de la prioridad social?” se ha preguntado Allué. El presidente del PAR, Arturo Aliaga, se mantiene también en contacto con los responsables de la fundación en la Comunidad.

El Comité de Huesca del Partido Aragonés ha solicitado “máxima prioridad” desde el Gobierno de Aragón para resolver de manera urgente y con garantías, el recorte anunciado en la subvenciones a entidades sociales y especialmente a la Fundación Cruz Blanca en Aragón, que permita la continuidad de sus programas. PAR-Huesca señala que un mes después de la primera alerta sobre los efectos de esta severa reducción todavía no hay resultados del diálogo emprendido y están en riesgo empleos y atención a miles de personas que lo necesitan y de las que no se ocupa la administración. Ya hay preavisos de despidos y de modificaciones del servicio. El PAR se suma al acuerdo municipal unánime sobre esta “preocupante situación”.

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