La guerra comercial entre EE.UU, China y Europa, y el Brexit, entre otros muchos factores, hacen que el crecimiento de la economía española se esté debilitando y que los mercados estén sufriendo una gran preocupación, y conste que, según dicen los grandes economistas expertos en la materia como Gundlach y Rossenberg, aunque es fácil que se produzca una recesión en Estados Unidos en 2020 la situación no será tan dura como en 2008. Sin embargo la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, alerta sobre frenazo brusco de la economía mundial lo que provoca mucha inquietud a juzgar también por sus propias palabras. Ha llegado a decir que “puede lastrar a toda una generación”.
El Brexit es otro vector influyente que nos acecha afecta de lleno. Según los últimos datos Gran Bretaña se sitúa en el cuarto puesto como cliente internacional de las empresas aragonesas, tras Alemania, Francia e Italia, con un volumen de exportaciones cercano a los 1.000 (986) millones de euros en 2015 (+12,5% respecto al año anterior y más del 22% desde el año 2010).
Si el próximo día 31 de este mes de octubre hay retirada sin acuerdo, inmediatamente después dejará de usarse el derecho derivado de la Unión Europea que actualmente se aplica en el Reino Unido. La UE lleva años trabajando por si se produjera este escenario, y también el Gobierno de España y el de Aragón para minimizar el impacto. Bien es cierto que el Gobierno de Johnson no para de buscar artimañas para salir el próximo día 31, cuando finalice la actual prórroga mientras se intensifican las negociaciones entre la UE y el Reino Unido y que en Aragón el consejero de Industria del Gobierno autonómico, Arturo Aliaga, mantiene constantes reuniones, recientemente con CEOE-Aragón, CEPYME-Aragón y con el presidente del Consejo de Cámaras aragonesas como toma de contacto imprescindible de cara a trabajar y para adelantar los planes de los Gobiernos autonómico y central ante la situación de salida.
Por otra parte, así las cosas y con todo, la situación política en Cataluña constituye otro frente muy complejo. Acabamos de conocer la sentencia del Tribunal Supremo, que condena a nueve líderes independentistas implicados en el “procès” a penas de 9 a 13 años.
Aquel instrumento de presión que fue el referéndum planificado, preparado y posteriormente celebrado el 1 de octubre de 2017, ha acabado abocando a sus mentores y conductores a condenas de cárcel por sedición y malversación.
El fallo del TS debe servir para avanzar en el conflicto, para desencallarlo. Aunque me temo que no va a ser tarea fácil. De momento y hasta después del 10-N cualquier atisbo de acuerdo es inviable.
La defensa del orden constitucional que garantice la convivencia es una necesidad para cualquier territorio de España, incluida Cataluña. Las leyes están para cumplirlas, y la sentencia unánime contra los implicados refuerza la credibilidad social en el sistema judicial y en la división de poderes.
Por eso los partidos constitucionalistas y las instituciones debemos funcionar como una piña olvidándonos de rentabilidades políticas y poniendo todo el esfuerzo en el verdadero problema que afecta al Estado de Derecho y contraviene la Constitución del 78. La Generalitat y las instituciones catalanas deben entender que deben desistir de la “desobediencia” civil que tanto daña la convivencia en Cataluña, que tanto mal está produciendo en la gente. Lo deseable sería el acatamiento del fallo, el abandono del camino emprendido y la vuelta a la legalidad. Y en ese proceso todos deberíamos implicarnos.
El próximo 10 de noviembre los ciudadanos están llamados nuevamente a las urnas. Todas las fuerzas políticas esperan ahora las encuestas tras la condena como agua de mayo, están expectantes por la influencia de la situación en Cataluña tras la sentencia, pero no sé cuántos están pensando, a pocas semanas de los comicios electorales, en la manera de contribuir a la desvitalización de la fractura social creada en Cataluña.
Nunca como ahora ha sido tan necesario un Gobierno fuerte y estable. Gobernar con un presupuesto prorrogado añade a la economía española todavía más incertidumbre.